... Sistema para el Desarrollo Integral de la … Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artÃculo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges. 2. 3. e) Información y apoyo a las familias y, si fuera necesario y estuviese objetivamente fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar. El Ministerio Fiscal visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la normativa interna de los centros de protección de personas menores de edad para supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación y dar seguimiento a los mecanismos de comunicación de situaciones de violencia, asà como escuchar a los niños, niñas y adolescentes que asà lo soliciten. Las administraciones educativas y las personas que ostenten la dirección y titularidad de todos los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de personal y controlarán la aportación de los certificados obligatorios, como son los recogidos en el capÃtulo II del tÃtulo V, tanto del personal docente como del personal auxiliar, contrato de servicio, u otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar de forma retribuida o no. Las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa de acuerdo con la normativa sobre protección de datos personales. El aislamiento no podrá exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del derecho al descanso del menor. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de las personas menores de edad para asegurar su interés superior. Dicha Comisión contará con expertos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses designados por el Ministerio de Justicia, junto con expertos de las profesiones sanitarias implicadas en la prevención, valoración y tratamiento de las vÃctimas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 2. Cabe destacar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos especialmente sensibles y vulnerables a esta tipologÃa de violencia, expuestos de forma agravada a sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, en igualdad de oportunidades, al ejercicio de sus derechos. La presente ley orgánica se dicta al amparo de lo previsto en el artÃculo 149.1, 1.ª, 2.ª y 18.ª de la Constitución española (en adelante CE), que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjerÃa y derecho de asilo, y bases del régimen jurÃdico de las administraciones públicas, respectivamente, y sin perjuicio de las competencias que puedan ostentar las comunidades autónomas, en virtud de los Estatutos de AutonomÃa que forman parte del cuerpo constitucional, que deberán respetarse en cualquier caso. La disposición final cuarta se destina a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 3. b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. 1. 1. Veintiocho. La Autoridad Central Española debe garantizar el cumplimiento en estos casos de los derechos del niño y asegurarse que la medida de protección que se pretende ejecutar en España proteja su interés superior. Su impulso corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en polÃticas de infancia. 1. Asà mismo, se recomienda a las personas adultas responsables de la educación de la infancia y adolescencia la vigilancia y responsabilidad en el uso adecuado de estas tecnologÃas. Se añade un nuevo artÃculo 20 quinquies con el siguiente contenido: «ArtÃculo 20 quinquies. f) Las que fomenten la conciliación familiar y laboral, asà como la corresponsabilidad parental. No asumimos lo inasumible: la explotación que deviene en exclusión, violencia sexual, miedo y muerte. Estos materiales contendrán formación en materia de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, e incluirán contenidos especÃficos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de género, como medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y adolescentes. También podrá realizarse a través del defensor judicial designado por el Juzgado o Tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, en los supuestos previstos en el artÃculo 26.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril. 3. 1. 2. Se modifica el artÃculo 183 quater, que queda redactado como sigue: El consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del artÃculo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capÃtulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez fÃsica y psicológica.». 1. Se modifica el artÃculo 158 del Código Civil, con el fin de que el Juez pueda acordar la suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o el ejercicio de la guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas, con la garantÃa de la audiencia de la persona menor de edad. Lo previsto en la disposición final decimocuarta producirá efectos a partir del 1 de enero de 2022. Las administraciones públicas fomentarán el intercambio de información, conocimientos, experiencias y buenas prácticas con la sociedad civil relacionadas con la protección de las personas menores de edad en Internet, bajo un enfoque multidisciplinar e inclusivo. En caso de que el maltrato provoque entre 10 y 30 días de incapacidad o atención médica, se considera lesiones leves y se puede sancionar con entre 3 y 6 años de cárcel. 1. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la vÃctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artÃculo 158 del Código Civil. El Tribunal dictará sentencia dentro de los diez dÃas siguientes a la terminación del juicio. h) Acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba intervenir, si fuera necesario. Los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes vÃctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados. Las niñas, por su edad y sexo, muchas veces son doblemente discriminadas o agredidas. Se modifica la redacción del tipo agravado de agresión sexual, del tipo de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años y de los tipos de prostitución y explotación sexual y corrupción de menores (artÃculos 180, 183, 188 y 189) con el fin de adecuar su redacción a la realidad actual y a las previsiones de la presente ley. _____ santiago, agosto 24 de 2007. mensaje nº 608-355 / honorable cámara de diputados: a s.e. c) Información policial (denuncias, victimizaciones, etc.) Se modifica el apartado 3.º del artÃculo 148, que queda redactado como sigue: «3.º Si la vÃctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.». Todos los centros y servicios sanitarios, en los que se preste asistencia sanitaria a una persona menor de edad como consecuencia de cualquier tipo de violencia, deberán aplicar el protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artÃculo 39.2, incluido al alta hospitalaria. g) Reforzar la autonomÃa y capacitación de las personas menores de edad para la detección precoz y adecuada reacción ante posibles situaciones de violencia ejercida sobre ellos o sobre terceros. Información, novedades y última hora sobre Violencia machista. Por orden de los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y Agenda 2030, a propuesta de la Dirección General de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, se creará una Comisión de seguimiento en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación de esta ley, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurÃdicas y económicas y la evaluación de su impacto. 1. e) Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización secundaria. La Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia es el órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia. Entre otras, se adoptarán las siguientes medidas: a) Impulso de los servicios de apoyo a las familias, los puntos de encuentro familiar y otros recursos o servicios especializados de titularidad pública que permitan una adecuada atención y protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia. k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada. d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, asà como la cultura del buen trato a los mismos. 2. 2. 3. 6. Cada 25 de abril se conmemora el “Día internacional de la lucha contra el maltrato infantil”. 1. El personal del centro podrá realizar el registro de las pertenencias del menor, pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesión que pudieran ser de ilÃcita procedencia, resultar dañinos para sÃ, para otros o para las instalaciones del centro o que no estén autorizados para menores de edad. 3. Asimismo, fomentarán en colaboración con el sector privado que el inicio y desarrollo de aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la adolescencia. b) Con respecto a las personas agresoras: edad, sexo y relación con la vÃctima. 4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respecto al principio de proporcionalidad. Trece. Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el interés superior de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las debidas garantÃas del proceso y, en particular: c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto de interés o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses. 4. 2. Con este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oÃdos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologÃas de la comunicación accesible.». Durante este tiempo, la persona menor de edad estará acompañada presencialmente y de forma continua, o supervisada de manera permanente, por un educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro. Los registros relativos a la atención de las personas menores de edad vÃctimas de violencia quedarán incorporados en su historia clÃnica y su protección estará a lo dispuesto en el artÃculo 16.3 de esta ley. La reforma operada en la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se completa con la introducción de los artÃculos 20 ter a 20 quinquies a fin de regular las condiciones y el procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. Garantizamos el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los delitos. Dos. b) Impulso de los gabinetes psicosociales de los juzgados asà como de servicios de mediación y conciliación, con pleno respeto a la autonomÃa de los progenitores y de los niños, niñas y adolescentes implicados. En particular, las destinadas a prevenir la pobreza y las causas de exclusión social, asà como la conciliación de la vida familiar y laboral en el marco del diálogo social, a través de horarios y condiciones de trabajo que permitan atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza, y el ejercicio igualitario de dichas responsabilidades por hombres y mujeres. Las disposiciones de esta ley persiguen los siguientes fines: a) Garantizar la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las familias, de instrumentos eficaces en todos los ámbitos, de las redes sociales e Internet, especialmente en el familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, del ámbito judicial, de las nuevas tecnologÃas, del deporte y el ocio, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 1. Doce. Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el tÃtulo VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, asà como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el tÃtulo VII bis del Código Penal. Si se personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas. Las administraciones públicas establecerán mecanismos de comunicación seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles, en un lenguaje que puedan comprender, para los niños, niñas y adolescentes, que podrán estar acompañados de una persona de su confianza que ellos mismos designen. 1. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos que estadÃsticamente se han probado de lenta asimilación en las vÃctimas en el plano psicológico y, muchas veces, de tardÃa detección. 1. c) Que hayan transcurrido doce meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido. El sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la comunidad educativa y debe fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad que permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes y su participación en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto, la igualdad y la promoción de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas, empleando métodos pacÃficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos. En la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niños, niñas y adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. g) Fortalecer el marco administrativo para garantizar una mejor tutela administrativa de los niños, niñas y adolescentes vÃctimas de violencia. En este marco, se establece el compromiso de crear una nueva Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes con el mandato de elaborar un protocolo común de actuación sanitaria para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia identificarán, conforme a los factores de riesgo, a los niños, niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, asà como a los grupos especÃficos de alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados a estos colectivos. Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, de manera que se garantice el acceso a las mismas a todas las personas menores de edad y especialmente, a aquellas que por razón de su discapacidad necesiten de apoyos especÃficos. f) Facilitación de acceso a redes y servicios públicos. Por su parte, la disposición adicional séptima recoge el compromiso para la creación de una Comisión de seguimiento encargada de analizar la puesta en marcha de la ley, sus repercusiones jurÃdicas y económicas y evaluación de su impacto. La disposición final quinta se dicta al amparo del artÃculo 149.1.27.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. Las administraciones públicas deberán adoptar las medidas de coordinación necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes con los que en cada caso, deban intervenir. b) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones. 2.º Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la vÃctima sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Once. Las obligaciones establecidas en esta ley serán exigibles a todas las personas fÃsicas o jurÃdicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. 3. WebNoticias de Sevilla. 1. Solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas. Veinticinco. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares marcados por la violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su respuesta especÃfica, que garantice la plena protección de sus derechos. 1. d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la vÃctima.». 3. Se trata de un fenómeno sociológico frecuente; una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos cuando eran niños. Todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad con el artÃculo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre cuyas actividades se incluirá la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacÃfica de conflictos por el personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resolución pacÃfica de conflictos. Ocho. En Argentina el término se utiliza para denominar el delito de «abuso sexual», que abarca todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra personas menores de trece años y contra las mayores de esa edad, cuando hubiera violencia, amenaza, intimidación debido a una relación de subordinación, o cuando se hubiera aprovechado de … El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, procederá a la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación en la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas y polÃticas nacionales que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Art. 4. Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de ToxicologÃa y Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación. c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. Las funciones de la citada Conferencia se dirigirán a conseguir los siguientes objetivos: a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las administraciones públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a la violencia sobre estos colectivos. Veintiuno. WebEl caso ha sido denunciado por Igor Juric, activista contra el maltrato infantil. c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos. El capÃtulo X se centra en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consta de dos artÃculos. 2. 3. Se introduce un artÃculo 143 bis, con el siguiente contenido: La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnologÃa de la información o de la comunicación de contenidos especÃficamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años. 2. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero.». 1. Esta ley orgánica se relaciona también con los compromisos y metas del Pacto de Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de forma muy específica con la meta 16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.» dentro del Objetivo 16 de … 3. En todo caso, además de la requerida por la normativa internacional aplicable, deberá aportarse un informe sobre el niño, niña o adolescente, los motivos de su propuesta de acogimiento, la modalidad de acogimiento, la duración del mismo y cómo se prevé hacer seguimiento de la medida. Tipos de maltrato infantil: Además, en el marco de la atención universal a todas aquellas personas menores de edad en situación de violencia, se garantiza una atención a la salud mental integral y adecuada a su edad. 1. 8. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artÃculo 109 bis, que queda redactado como sigue: 1. En Argentina el término se utiliza para denominar el delito de «abuso sexual», que abarca todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra personas menores de trece años y contra las mayores de esa edad, cuando hubiera violencia, amenaza, intimidación debido a una relación de subordinación, o cuando se hubiera aprovechado de … Los servicios sociales de atención primaria deberán establecer, de conformidad con el procedimiento que se regule en cada comunidad autónoma, un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas puestas en marcha en relación con la intervención de dichos servicios sociales. En el plazo de un año, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que permitan la comprobación automática de la inexistencia de antecedentes, en los casos en que la actividad conlleve el alta en la Seguridad Social o en mutualidades de Previsión Social, mediante el cruce de la información existente en las bases de datos de trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia y de quienes realicen una práctica no laboral, y la recogida en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. 3. 1. 3. Del mismo modo, el mencionado proyecto de ley orgánica dispondrá las modificaciones necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en Infancia, Familia y Capacidad. Se introduce el artÃculo 156 quinquies, con el siguiente contenido: A las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en los artÃculos 147.1, 148, 149, 150 y 153 en los que la vÃctima sea una persona menor de edad se les podrá imponer, además de las penas que procedan, la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de dos a cinco años cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión, en ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada.». En caso contrario, el Letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se hallen en el mismo estado, procediendo a realizar el nuevo señalamiento para todos con carácter preferente y, en todo caso, dentro de los diez dÃas siguientes. Ocho. El capÃtulo IV desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la violencia en los centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta que se trata de un entorno de socialización central en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Las personas a las que se refiere el artÃculo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma. Las medidas previstas en este artÃculo podrán ser aplicables cuando el delito tenga la consideración de leve.». [16] En la mayoría de las culturas surgió como un concepto íntimamente vinculado al rapto de mujeres, de donde viene la palabra … 1. Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de ToxicologÃa y Ciencias Forenses, asà como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en las unidades administrativas que se establezcan, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de catorce años se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de manera interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales, familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, potenciarán la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas interoperables que faciliten la investigación de los delitos. Los procedimientos de expedición de tÃtulos iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2022 y aún en curso, seguirán siendo tramitados por el Ministerio de Universidades y, por tanto, los tÃtulos serán expedidos por este último.». 3. La acumulación de procedimientos no suspenderá el plazo máximo. 3. En los centros de protección especÃficos de menores con problemas de conducta, será admisible únicamente y con carácter excepcional la sujeción de las muñecas del menor con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo de la vida o la integridad fÃsica del menor o de terceros. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oÃdos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta cuestión. La declaración siempre será grabada y el Juez, previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe dando cuenta del desarrollo y resultado de la audiencia del menor. Para proceder por los delitos previstos en este CapÃtulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideologÃa, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, asà como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean vÃctimas de discriminación o violencia por tales motivos. Si la vÃctima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres artÃculos precedentes tuvieran un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá, respecto de este, la pena de privación de la patria potestad. 2. c) La explotación para realizar actividades delictivas. Se modifica el apartado 1 del artÃculo 17 que queda redactado de la siguiente manera: «1. El tÃtulo II está dedicado a regular el deber de comunicación de las situaciones de violencia. El maltrato infantil fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud en 1999 como un problema global de salud pública, debido al daño físico y emocional que ocasiona en la víctima, al económico y emocional en la De manera particular, los capÃtulos II, III, VII y IX del TÃtulo III de esta Ley Orgánica se entenderán sin perjuicio de la legislación que dicten las comunidades autónomas en virtud de sus competencias en materia de polÃtica familiar, asistencia social y deporte y ocio. Se promoverá, asà mismo, la coordinación con todos los agentes implicados. Finalmente, la ley ha sido informada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la AutonomÃa y Atención a la Dependencia, asà como por su Comisión Delegada, y por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo. Se modifica el párrafo g) del artÃculo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurÃdica gratuita que queda redactado como sigue: «g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurÃdica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las vÃctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de vÃctimas, asà como a las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean vÃctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artÃculos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artÃculo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos. d) Se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales entre la persona investigada y el niño, niña o adolescente. Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para determinar respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial valorará el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en relación a las circunstancias del caso concreto. Aunque no fueran actores podrán personarse en cualquier momento en el procedimiento, sin que se retrotraigan las actuaciones. 4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. 7. k) El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las personas menores de edad. Con este propósito se planteará la inclusión de Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, asà como la especialización de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales. Los principales referentes normativos de protección infantil circunscritos al ámbito de Naciones Unidas son los tres protocolos facultativos de la citada Convención y las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, que se encargan de conectar este marco de Derecho Internacional con realidades educativas, sanitarias, jurÃdicas y sociales que atañen a niños, niñas y adolescentes. Las administraciones públicas fomentarán la colaboración con el sector privado, para la creación de entornos digitales seguros, una mayor estandarización en el uso de la clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, para conocimiento de los niños, niñas y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluación y selección de tipos de contenidos, servicios y dispositivos.
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