2- Trabajo infantil. No todos los fueros comunitarios tienen una larga tradición. La Corte Suprema estableció que los ronderos actuaron dentro de sus funciones legales y que las prácticas judiciales fueron justificadas. El motivo no fue el mantenimiento de valores y normas culturales, sino el desamparo de la población rural ante la delincuencia y la necesidad de organizar un sistema de autoprotección. Activa Perú reveló en una reciente encuesta de opinión que el 46,2% de los peruanos confesaron considerar la corrupción como el principal problema del país. Especialmente la invasión masiva de los medios de comunicación promueve valores de la cultura urbana en zonas rurales. . El proyecto legal provocó protestas sociales que finalmente tuvieron el efecto de que el artículo fuera eliminado del nuevo proyecto normativo («Se eliminará el artículo», 2015). Poder Judicial: los protocolos interculturales. En cuanto a la competencia personal, la propuesta del Poder Judicial pretende que los conflictos que involucran a personas no pertenecientes a una comunidad campesina, nativa o ronda campesina sean sometidos a conocimiento de la sala correspondiente de la Corte Superior, a fin de que esta dirima qué jurisdicción la ordinaria o la especial comunal debería atender el caso, salvo que el imputado exprese su consentimiento con el procedimiento ante la jurisdicción comunal (art. Si no existe un poder judicial que funcione, no tenemos el centinela institucional que debe proteger nuestro Estado de Derecho. El gran número de participantes en los eventos interculturales del Poder Judicial comprueba este interés. LA POSICIÓN «MAXIMALISTA». III.3. No existen mecanismos de intercambio entre los actores de los sistemas jurisdiccionales sobre las competencias de los fueros, conceptos de justicia y la vigencia de normas legales. Otro de los mayores problemas sociales de México, y probablemente uno de los que se encuentran a la base de la mayoría del resto de problemáticas de esta lista, se encuentra en el elevado nivel de pobreza. POSICIONES «PURISTASMODERADAS». IV. La política jurídica «minimalista», finalmente, no serviría a los intereses propios de la industria extractiva, pues el resultado serían tensiones sociales y una caótica situación de seguridad en muchas regiones del país, lo que entorpecería el desarrollo económico de las empresas. Los principales motivos para ello son la delincuencia y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. El resultado son conflictos institucionales entre las jurisdicciones y persecuciones penales de integrantes de rondas campesinas. La idea de que la denuncia de una mujer indígena contra un violador de la comunidad sería rechazada por la policía con el argumento de que «no podemos protegerte porque perteneces a una etnia indígena» es no solo insostenible, sino también intolerable. 1051ss.). La revista, La Ley, hace unos meses atrás, saco a la luz un juicio que llevan más de 40 años en el ámbito jurídico sin concluir. Las actividades jurisdiccionales de ambos sistemas deben ser coordinadas en el sentido de un reparto de tareas. 7. Ello dio lugar a que los diferentes ministros concurrieran a Palacio de Gobierno. Nuestras entrevistas con representantes de comunidades en las provincias altas de Cusco en Canas y Canchis muestran que un 89% (de un total de 111 entrevistados, N = 111) continúa desconfiando de la justicia «de la ciudad» (Brandt, 2013, p. 192). En cambio, la resolución de conflictos en las comunidades campesinas y nativas se basa en tradiciones «ancestrales», pero aparte de pueblos amazónicos aislados, la justicia comunal de los Andes nunca fue ilimitada como demuestra la historia del derecho. Baden-Baden: Nomos. Cinco grandes problemas. Se muestra que los delitos contra la vida fueron derivados en la práctica judicial a los fueros estatales. Sin embargo, su competencia fue limitada. La República. No se trata de sistemas aislados, al contrario, se puede observar una interdiscursividad, un acoplamiento estructural entre los ordenamientos normativos. Recuperado de http://www.brandt-hm.de/publicaciones.html [ Links ], Brandt, H.-J. Debido a las buenas experiencias, estas rondas sirvieron como prototipo en otras regiones del país, donde en lo sucesivo fueron establecidas miles de rondas campesinas, sea como comités de comunidades campesinas o como rondas autónomas. Quito: Ministerio de Justicia. La población y el sector de justicia como magistrados, fiscales y la policía se han acostumbrado a esta realidad jurídica. Sin embargo, en conflictos sociales agravados, como por ejemplo en contiendas entre actores de una empresa extractiva y rondas campesinas por los derechos a la tierra, no se puede esperar que los representantes de los fueros comunales involucrados y de la justicia ordinaria lleguen a una solución solo mediante un «diálogo de buena fe» y la intervención de facilitadores y asesores. [ Links ], Yrigoyen, R. (1999). El informe elaborado por Gaceta Jurídica y La Ley desarrolla de manera objetiva el estado de la carga y descarga del Poder Judicial, la provisionalidad de los jueces, la demora de los procesos judiciales, entre otra data significativa . El resultado del procedimiento es plasmado finalmente en un acta de conciliación o «reconciliación». 17 de Agosto de 2018 34862. Periódico Digital ERBOL. Haciendo un estudio de estas fuerzas, Altamirano (2006) sintetiza la historia reciente de las migraciones desde y hacia el Perú en cinco fases Pero resulta extraño que los autores citados no hacen valer su opinión sobre el artículo 9 del mismo Convenio, que señala lo siguiente: «En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros». Walter Gutierrez, presentó en La Hora N un informe sobre el problema judicial en el Perú y las reformas que se necesitan. Resultan controversiales especialmente las siguientes tres preguntas: Muchos congresistas conservadores, abogados jurídico-positivistas y representantes del sector empresarial luchan por una reducción de las facultades de los fueros comunitarios a un mínimo. No es un problema usual pero tampoco irreal» (Brandt, 2013, pp. (2000). Hermann Göring fue llevado a juicio por . Lima: Instituto de Defensa Legal. podría contribuir a generar un círculo virtuoso que nos permita ser más conscientes del rol fundamental que cumple la justicia en el progreso de nuestra sociedad. Publicaciones sobre Justicia de Paz y Justicia Comunitaria. Recurso de nulidad 975-04, (Corte Suprema de Justicia de la República [Perú], 1ra Sala Suprema Penal Transitoria [Ex-SPT], San Martín, 9 de junio de 2004). En Colección Documentos de Política n.º 3, Área Justicia. El Comité llevaría a cabo sus actividades a solicitud de una parte del conflicto o a pedido del representante de uno de los fueros. Instituciones. Los motivos se basan en dos problemas nucleares. Tremenda desconfianza: opinión ciudadana sobre instituciones. Estádio Nacional do Peru, Lima: Amistoso [56] 12/01/1966 0-1 Universitario: Estádio Nacional do Peru, Lima: Amistoso [57] [58] 15/01/1966 3-1 Deportivo Municipal: Estádio Nacional do Peru, Lima: Amistoso [59] 02/02/1966 2-2 Colo-Colo: Estádio Nacional de Chile, Santiago: Amistoso [60] 06/02/1966 2-0 San Lorenzo: Monumental de . En C. I. Degregori (ed. 10 paquetes de propuestas para reformar los principales puntos del Poder Judicial en . 2006.Javier de Belaunde López de la Romaña. Según una encuesta de Ipsos, el 79% de la población desconfía del Poder Judicial (Mejía, 2015). Download Free PDF. A continuación, trataré de contestar a estas preguntas desde tres perspectivas: a) las experiencias con la justicia comunitaria; b) la lucha por la Ley de Coordinación Intercultural de Justicia; y, II. En vista de la controvertida jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que excluye de la competencia de la justicia indígena los delitos contra la vida (Olivo Pallo, Víctor Manuel c. Decisiones, 2014), el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, manifestó que la resolución de la Corte «atenta y afecta el proceso de vida de todos los pueblos y las nacionalidades que llevan 500 años ejerciendo la justicia desde su cosmovisión indígena». En cuanto a las normas vulneradas que motivaron el conflicto, el análisis comprueba que en la gran mayoría de los casos registrados la denuncia o demanda corresponde a materias codificadas en el derecho estatal (85%). Este análisis se realiza a partir de las implicancias jurídicas actuales de este principio en el derecho internacional de los derechos humanos, como manifestación concreta del derecho a la libre determinación de dichos pueblos indígenas en específico. Las decisiones (acuerdos forzados o fallos) forman también aproximadamente un tercio (36,6%) de las soluciones. Los defensores de esta corriente sostienen, además, que la justicia comunitaria es solo una jurisdicción «especial» como señala el texto literal del artículo 149 de la Constitución y no una justicia «excepcional». Partiendo de los principios generales de la coordinación («Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia», art. A primera vista, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) parece respaldar la posición de una justicia comunal sin límites. informe de cinco problemas de la administraciÓn de justicia peruana, segÚn editorial gaceta jurÍdica y revista la ley Llama la atención que la posición «maximalista», que argumenta a favor de una justicia comunitaria ilimitada, no coincida, de manera tan evidente, con los intereses de los dirigentes de las comunidades, quienes favorecen, en su mayoría, la idea de que ciertos casos sean resueltos por la justicia estatal. Casi todos los dirigentes comunales entrevistados en nuestro proyecto coinciden con la afirmación de que «la paz comunal» y el «restablecimiento de las relaciones sociales afectadas por la vulneración de una norma comunal» son los valores principales de la justicia comunitaria. Un aspecto principal de la vista panorámica sobre las experiencias con la justicia comunitaria es finalmente la relación con el Poder Judicial. El nuevo Congreso tendría que culminar este trabajo. Es de suponer que por esta razón no registraron todas las sanciones corporales en las actas. Por razones analíticas no categorizamos la violencia familiar como caso penal (Brandt, 2013, p. 312). Cinco grandes Problemas", nos da a conocer la realidad de la Justicia Peruana, donde podremos analizar los plazos procesales en los diferentes ámbitos del proceso a través de los diferentes porcentajes obtenidos en esta investigación. Finalmente, «los minimalistas» quieren limitar la competencia de la justicia comunal en lo penal a «faltas», es decir, a infracciones penales de menor gravedad, al igual que en la Justicia de Paz. Aunque durante el imperio incaico las comunidades gozaban autonomía en cuanto a la vigencia de su derecho consuetudinario, el Curaca de la comunidad precisaba, para el juzgamiento de delitos graves que tenían como consecuencia la pena capital, la aprobación previa de parte del funcionario imperial más alto de la región, por ejemplo, en casos de homicidio o de violación de mujeres (Cunow, 1937, p. 164; Basadre, 1937, p. 183; Murra, 2002, p. 396). Esta corriente de opinión sigue la narración de una justicia indígena autóctona y autónoma no limitada desde épocas «milenarias» con base en sus tradiciones «ancestrales». La corrección de una decisión arbitraria o injusta de una comunidad por esta instancia intercultural es ciertamente una intromisión en la autonomía de la comunidad, pero la independencia de la jurisdicción especial no significa el derecho a la arbitrariedad. Lima: Fundación Hanns Seidel. Si se les pregunta, se llega a respuestas muy claras: no tienen confianza en la justicia estatal. POSICIONES MODERADAS. III.4. (coord.) Administrando justicia al margen del Estado: Las Rondas Campesinas de Cajamarca. Lima: Fondo Editorial PUCP / Instituto de Estudios Peruanos. Si bien parece . Recuperado de http://cdn7.larepublica.pe/sites/default/files/pdf/gacetajudic/2015/09/11/Gaceta%20Judicial-702766-cj110915.pdf, Brandt, H.-J. Ley 89, 1996, consideración 6.2.2; Considerando el desarrollo social y económico de las comunidades desde los tiempos preincaicos hasta ahora, se plantea la cuestión sobre la correlación entre los sistemas de derecho propios de los campesinos e indígenas y el derecho estatal. If you are author or own the copyright of this book . ), Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia (pp. Cabe señalar que la aplicación de esta posición jurídica generaría varios problemas. Sin embargo, estas consideraciones, que se refieren a la limitación de decisiones de la justicia comunitaria por derechos fundamentales, no son transferibles a la problemática discutida aquí, porque el objeto de la presente consideración no se refiere a un conflicto entre el reconocimiento constitucional de la autonomía de las comunidades y la consagración de los derechos humanos, como en el caso que fue objeto de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2, 749-759. La «justicia indígena es un sistema milenario, pues ha persistido por generaciones y hoy es aplicado por las nacionalidades y pueblos» (Baltazar, 2009, p. 454). Además, serían los órganos competentes para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra resoluciones de los fueros comunales. También el Tribunal Constitucional asignó a la justicia comunal equivalentemente el mismo rango de excepción que a la justicia militar y a la arbitral (Fiscal de la Nación c. Ley 28655, 2006, fundamento 8; Fernando Cantuarias Salaverry c. Fiscal, 2006, fundamento 7). La interpretación del término «ley de coordinación» es coherente con otras numerosas leyes en los diversos países iberoamericanos que regulan la coordinación de sistemas autónomos fiscales, de policías, de seguridad ciudadana y que tienen en común el establecimiento de Normas Marco sobre las competencias concurrentes y cooperación recíproca de los diferentes órganos. Panorama de la antropología en el Perú. Dejusticia es un centro de investigación-acción para los estudios jurídicos y sociales, fundado con la creencia profunda de que el conocimiento puede estar comprometido con la justicia social y que nuestro trabajo de impacto directo se enriquece a través de la investigación rigurosa. & Kunig, P. (comps.) Sin embargo, ya se ha visto que no hay derecho propio autóctono, sino que la justicia campesina e indígena se basa en normas de procedencia multicultural. Resumen: La Constitución Política del Perú reclama una ley de coordinación de la justicia comunitaria con las instancias del Poder Judicial. Un 24% sostiene que «a veces» hay que emplearlos y solo un 18% de los dirigentes dice que «estas medidas deben ser la regla» (p. 320). LA LUCHA POR LA LEY DE COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE JUSTICIA. Participación ciudadana en la justicia penal: ¿Democratización o adorno inútil de los tribunales? Walter Gutierrez CamachoTV Peru Noticias15-12-2015. [ Links ], Piura: Rondas Campesinas detienen y entregan a acusado de homicidio (2015, 4 de junio).Correo (Piura). 26 MUNK, Salomon, Mélanges de philosophie juive et arabe, Op. LA POBREZA. RPP Noticias. Según el Informe `La Justicia en el Perú - Cinco grandes problemas´, 1 los procesos penales por delitos de corrupción de funcionarios No existen sistemas autóctonos de derecho, con excepción de comunidades nativas aisladas en la selva. Sin embargo, se aplican solo en una proporción reducida. La primera ronda fue organizada en Chota (Cajamarca) el 29 de diciembre de 1976 (Brandt & Franco, 2006, p. 85). La solución aquí propuesta son los mencionados «Comités Distritales de Justicia Intercultural», compuestos por representantes de ambos sistemas. Ya se ha visto que la gran mayoría de los dirigentes comunales entrevistados en nuestro estudio no reclama una competencia exclusiva en esta materia, pero son sobre todo problemas de desamparo de mujeres en muchas comunidades los que inducen a una limitación de la competencia comunal. & Levaggi, R. (2013). Cinco grandes problemas. Un Estado de Derecho expuesto es, y siempre será, la eterna invitación a la corrupción y la miseria. El núcleo de una norma constitucional debería ser todavía aplicable, a pesar del dispositivo legal limitante (BVerfGE 2, 266 (285)). No se puede descartar el peligro de que un grupo mayoritario domine sobre los demás. Finalmente, hay nuevas normas de derecho propio, provenientes de la sociedad dominante e integradas en la comunidad como los derechos de la mujer ya mencionados. Cinco grandes Problemas", nos da a conocer . III. La otra parte consiste de normas estatales y nuevas normas incorporadas en el derecho propio. Ahora, la «gran mayoría (75%) de los dirigentes […] afirma que las normas estatales correspondientes son tomadas en consideración, sea porque la conciencia en la asamblea ha cambiado, sea porque las normas legales se han convertido también en derecho comunal, incluyéndoles en los estatutos» (Brandt, 2013, p. 300). Así se explica el intento de restar a las rondas campesinas autónomas la capacidad de impartir justicia. Estos giran generalmente en torno a agresiones físicas y verbales, hurtos y robos, así como a delitos contra el honor, calumnias y difamaciones. En las últimas décadas, ha incrementado el número de jóvenes menores de edad económicamente activos. En este punto la justicia en un contexto ético es donde todas las personas reciben un trato justo en la sociedad, independientemente de su raza, posición, rango, clase u otros. [ Links ], Defensoría del Pueblo (2016, junio). Continue Reading. Barreras para la Administración de JusticiaComo en otros países de América Latina, en el Perú existen marcadas barreras que impiden acceder a la justicia a la mayoría de la población, siendo quizás una diferencia importante el alto porcentaje de ciudadanos que terminan en condición de indefensión. Hasta el momento tienen la facultad de acudir ante instancias comunales y estatales y escogen la instancia que les parece más idónea para la solución de sus problemas: se dirigen en los mismos asuntos al juez de paz (no letrado), al teniente gobernador, a los dirigentes de la comunidad, a la ronda campesina o a la Defensoría Comunitaria (en casos de violencia familiar), por un lado, o a la Policía, a la Fiscalía o a la justicia ordinaria, por el otro lado. La facultad jurisdiccional de las Rondas Campesinas. 213ss.). El vacío legal conlleva una serie de problemas: existen hasta la fecha dos jurisdicciones paralelas sin claridad sobre la delimitación de competencias. En cuanto a las competencias materiales de los fueros comunales, se ha excluido ahora los delitos de homicidio (Código Penal, artículos 106 y 113) y de violación de la libertad sexual (artículos 170 y 177), los cuales, de acuerdo con el artículo 10 del nuevo proyecto de ley, serán competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. En C. Espinosa & D. Caicedo (eds. Sin embargo, el Congreso sigue, desde 1993 cuando se promulgó la Carta Magna, sin cumplir con esta tarea. Si el fuero intercultural llega a la conclusión de que la decisión comunal debería ser derogada o modificada, siguiendo el derecho propio de la comunidad, no se trata de una intromisión injustificada o una discriminación. La primera deducción de este razonamiento es que el Congreso está facultado para definir la competencia de los fueros comunales mediante una ley de coordinación, pero no tendrá el derecho de afectar las funciones esenciales de la justicia comunitaria. Read INFORME LA JUSTICIA EN EL PERÚ 2015 by Gaceta Juridica on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Mientras que los litigantes y los acusados en el sistema estatal siempre tienen remedios contra sentencias que les parecen injustificados, luego de la repartición del sistema nacional de justicia en una vía ordinaria y otra indígena, las partes sometidas a la justicia comunitaria no tendrán ningún remedio de queja o impugnación contra las decisiones comunales de acuerdo con el diseño normativo de la Comisión de Pueblos. En B. S. Santos & J. L. Exeni Rodríguez (eds. No obstante, el contenido de la ley es controvertido. No hay una obligación legal de los actores de ambos sistemas de cooperar en determinadas tareas judiciales como, por ejemplo, en notificaciones, detenciones de delincuentes, ejecución de decisiones, etcétera. En síntesis, el tribunal constitucional de Alemania prohíbe el abandono completo de la esencia del derecho fundamental (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts [BVerfGE] 30, 24). Conforme al mandato de las «Leyes de Indias», fueron competentes en casos civiles hasta una cuantía de tres pesos y, en casos penales, para juzgar infracciones menores que no llevaban consigo la pena de muerte. Fernando Cantuarias Salaverry c. Fiscal de la Trigésimo Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima [hábeas corpus], 06167-2005-HC, (Tribunal Constitucional [Perú], 28 de febrero de 2006). Lima: Instituto de Defensa Legal. The article analyzes the arguments of the different currents of opinion and identifies the challenges of the legislative work. La CONFIEP teme que haya graves desventajas para los intereses de sus socios en áreas de explotación de los recursos naturales del país. Era cierto, pero mi análisis se limitó a los vínculos de dependencia respecto del poder del Estado. La perspectiva de los «minimalistas» ignora, además, la realidad socio-jurídica de los campesinos e indígenas, ejercida por las rondas campesinas y descrita en el apartado anterior. Nuestro estudio muestra que el juicio extendido de que la justicia comunitaria siempre es una instancia que perpetúa el machismo y la sujeción de las mujeres es un prejuicio. La Justicia en el Perú: Cinco grandes problemas . Los conflictos «socioambientales» forman un 72% de todos los conflictos sociales del país (Defensoría del Pueblo, 2016). (2007). El dictamen determina que estas personas serán sometidas a la competencia de la jurisdicción comunal, sin otorgarles un remedio legal ni contra la decisión sobre la vía judicial ni contra las resoluciones impuestas. Investigador en el Peace Research Institute Frankfurt/Alemania. Según el proyecto legal, los comuneros no tienen el derecho de escoger el fuero para dirimir sus problemas legales. Este fenómeno de interpenetración y mezcla de sistemas legales fue definido como «interlegalidad» (Santos, 1987, p. 298). La promoción del acceso a la justicia en las zonas rurales. En conclusión, se puede constatar que las culturas jurídicas campesino-indígenas son construcciones que se caracterizan por la procedencia multicultural de sus normas. Para la Comisión de Pueblos, el principio de la no discriminación también es el hilo conductor para la resolución de conflictos de competencia entre las jurisdicciones. 182). Cambios en la justicia comunitaria y factores de influencia (Serie Justicia Comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador 9). Sin embargo, los métodos propuestos no parecen idóneos para lograr una solución. El principio de la maximización de la autonomía de la jurisdicción indígena no debería fortalecer a una instancia comunitaria única que actúa sin control de parte de una instancia ajena de la comunidad» (Brandt, 2013, p. 358). En primer lugar, falta un diálogo intercultural entre los representantes de ambas jurisdicciones. Pásara, L. ob.cit. Conclusiones y Acuerdos de la I Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas de las Rondas Campesinas del Perú. . En el debate sobre la necesidad y el contenido de la ley de coordinación se articulan intereses antagónicos y opiniones polarizadoras, pero también posiciones que abogan por un sistema equilibrado de vías jurisdiccionales en interés del bien común. Quito: Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador / Banco Mundial / Centro Ecuatoriano de Desarrollo de la Comunidad. ), todavía no se puede descartar que las autoridades comunales se muestren indiferentes frente a abusos sexuales y no persigan tales denuncias. Este razonamiento es compartido por varios autores como, por ejemplo, Llasag Fernández (2006, p. 755). La ventaja de una instancia de esta índole sería (1) que se evitaría el estancamiento de juicios por la falta de acuerdos entre las jurisdicciones, (2) que la instancia sería compuesta por representantes de los diferentes sistemas de derecho y que ambas perspectivas convergerían en la resolución, (3) que los integrantes de estos fueros interculturales a nivel regional no estarían involucrados directamente en las controversias que son materia del juicio y (4) que se podría desarrollar reglas generales para solucionar tales conflictos mediante una jurisprudencia. (2006). Es muy probable que se produzca un debate controvertido entre representantes de las opiniones divergentes presentadas aquí. Informe "la Justicia En El Perú: Cinco Grandes Problemas" Download. 4. Walter Gutierrez, Director de la Gaceta Jurídica, presentó un informe sobre los problemas en la justicia peruana. Ciertos artículos de prensa sobre rondas campesinas hacen suponer que las sanciones corporales, como latigazos, son las medidas de corrección de forma general. El artículo 8.1 establece que «la jurisdicción especial tiene competencia sobre los hechos o conflictos surgidos en su ámbito territorial». Es decir, no reconocen que se trata de una judicatura independiente como la justicia castrense o la arbitral porque el artículo 139, número 1 de la Constitución, que establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, no la menciona como jurisdicción excepcional. (1937). Criterios y pautas para la coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal. Historia Cámara de Apelaciones. La Rama Judicial es el eslabón más elevado en el Sistema de la Justicia, pues sobre ella recae la responsabilidad de resolver los problemas más graves del país, inclusive aquellos en los cuales están involucradas las otras Ramas del Poder Público. Independientemente de la ley de coordinación, habría que priorizar el acceso a la justicia de personas «más desfavorecidos, quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad, como las mujeres» y asegurar que «puedan ejercer sus derechos fundamentales ante el sistema estatal» (Ardito, 2011, p. 261). Recuperado de http:// cunarcperu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=794:con clusiones-y-acuerdos-de-la-asamblea-nacional-de-delegados&catid=1:latestnews&Itemid=1 [ Links ], Conaie se declara en desobediencia por resolución de CC sobre justicia indígena (2014, 04 de agosto). Cuando publiqué Jueces, justicia y poder en el Perú, en 1982, consideré que el principal problema de la justicia residía en su relación umbilical con el poder, de la cual se derivaban los demás. . Recuperado de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0508230049942cb5a8a 6f9cc4f0b1cf5/Inst+N+2002-0122.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0508 230049942cb5a8a6f9cc4f0b1cf5, * Doctorado FU Berlin, vocal de la Corte de Berlin (jubilado). Aunque el estudio ha revelado que generalmente el respeto de los derechos de mujeres ha mejorado en las comunidades entre 2003 y 2010 (Brandt, 2013, pp. No se trata de una discriminación si la delimitación de competencias es fundada. Como en cualquier jurisdicción, ocurren también en la justicia comunal abusos e injusticias. Grundrechte, Staatsrecht II (32a ed.). Otro ejemplo es la restructuración de la Oficina Nacional de la Justicia de Paz en una Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) a fines del año 2012, que ahora está encargada de promover la coordinación con la justicia comunitaria. Esta corriente de opinión se caracteriza también por el intento de implementar sistemáticamente los principios de la coexistencia y de «igual jerarquía» de los sistemas de justicia, al igual que las posiciones «maximalistas». Existe un amplio consenso en la literatura y la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania en el sentido de interpretar el «contenido esencial» de la norma constitucional de manera restrictiva. Esta instancia sería, por lo tanto, la autoridad decisoria en los siguientes casos: El fuero debería ser compuesto por un vocal de la Corte Superior y dos representantes de comunidades y rondas campesinas en condición de jueces ciudadanos (Brandt, 2010). 6 consagran el acceso a la justicia el artículo 8 de la declaración u niversal de los erechos Huma Se puede objetar que las decisiones de la justicia comunitaria son impugnables en la jurisdicción constitucional si violan derechos humanos (Dictamen 01-2013-2014/ CPAAAAE-CR, art. El verdadero problema de la Justicia es el conflicto, el delito y la negativa de la sociedad a recurrir al Estado para resolver las diferencias que así lo ameritan. LAS EXPERIENCIAS CON LA JUSTICIA COMUNITARIA. En nuestro caso, debe ser claro para los usuarios adónde tienen que acudir con sus problemas legales, y los jueces y las autoridades comunales deben saber en qué tipo de conflicto tienen la facultad de decisión y cuándo tienen que derivar el caso al otro sistema. Resumen: La Constitución Política del Perú reclama una ley de coordinación de la justicia comunitaria con las instancias del Poder Judicial. . Recuperado de https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ anuario-derecho-constitucional/article/view/30325/27372, Mejía, M. (2015, 20 de septiembre). La justicia en el Perú, y el ordenamiento jurídico se ven afectados por distintas causas. Las zonas de inversión de estas industrias se encuentran en territorios de los campesinos e indígenas. De 1821 a 1842el Perútuvo cinco constituciones, pero nin . Download. Von Münch, I. Recuperado de http://www.brandt-hm.de/publicaciones.html [ Links ], Brandt, H.-J. La justicia comunitaria y la lucha por una leyde coordinación de la justicia, Communitarian Justice and the Struggle for a Law, Which Regulates the Coordination of the Judicial Systems. 7 § 2). [ Links ], La Rosa, J. Roberto Espinoza. Informe sobre la Justicia en el Perú. La crisis política en Perú de 2016-2020 se refiere al período de inestabilidad que inició durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2016 y que continuó durante el mandato de sus sucesores Martín Vizcarra (2018-2020) y Manuel Merino (2020). Recuperado de http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/48reportemensual-de-conflictos-sociales-148-junio-2.pdf [ Links ], Degregori, C. I. [ Links ], Se eliminará el artículo que impedía a las rondas campesinas impartir justicia (2015, 19 de junio). Sin embargo, el proyecto no solo debería satisfacer a las nociones de justicia de los campesinos e indígenas. A forma de precisar, el pacto social según lo . En el Perú se vive una severa crisis por la corrupción en el sistema judicial. El informe "La Justicia en el Perú.Cinco grandes problemas", elaborado por La Ley y Gaceta Jurídica arroja un resultado más que preocupante sobre nuestro sistema de administración judicial. Los procedimientos del Poder Judicial no están dirigidos a la recuperación de la paz comunal mediante una conciliación entre las partes o la educación, resocialización y reintegración de delincuentes. Sin embargo, esta alternativa provocaría el rechazo de muchos litigantes porque ante la justicia estatal no se puede lograr el objetivo principal de la justicia comunitaria: el restablecimiento de las relaciones sociales afectadas. Desde un punto de vista empresarial, es también entendible que la CONFIEP se oponga a una competencia comunal que incluya el juzgamiento de infracciones cometidos por terceros que no viven en la comunidad. LAS EXPERIENCIAS CON LA JUSTICIA COMUNITARIA. III. El mencionado evento nos . The end points are characterized, on the one hand, by the «minimalists», who want to reduce the legal competences of the communities to a minimum, and the «maximalists», on the other hand, who advocate unlimited competences of the indigenous judiciary. Luego de varias iniciativas legislativas en el pasado, el debate sobre la ley de coordinación fue impulsado nuevamente en 2011 por el Poder Judicial. La garantía de la esencia de normas fundamentales constituye un límite absoluto para el Poder Legislativo; protege contra la eliminación de la sustancia del derecho (Hömig & Wolff, 2016, p. 272). En cambio, las normas estatales sobre la organización de las comunidades campesinas y de las rondas campesinas, especialmente sobre cargos, elecciones y responsabilidades, son respetadas generalmente. 2. Reflexiones sobre la crisis de la justicia en Perú, . Los resultados obtenidos mediante el Módulo: Gobernabilidad, Democracia y Transparencia de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), revelaron que en el semestre enero-junio del presente año, el 45,8% de la población de 18 y más años de edad consideró que el principal problema que afecta al país es la delincuencia; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e . Ambos sistemas judiciales tendrían que funcionar en forma complementaria con competencias delimitadas, pues los comuneros no son sometidos solo a la jurisdicción comunal, sino como peruanos también a la estatal. Se incluyó, por un lado, gran parte del proyecto de ley propuesto por el Poder Judicial, pero, por otro lado, se precisó algunas definiciones, como pluralismo jurídico, y principios de la justicia intercultural, como la complementariedad y reconocimiento de las resoluciones. Contra las resoluciones de esta instancia procedería solo el recurso constitucional. La reforma del sistema de justicia. Aquí se muestra una deficiencia grave del sistema propuesto. cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/128elotrodr030-06.pdf [ Links ], Jurisprudencia, normativa y otros documentos legales, Acuerdo Plenario n.o 1-2009/CJ-116, Corte Suprema de Justicia de la República [Perú], V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria (13 de noviembre de 2009). O en otras palabras ¿cuáles son las fuentes de derecho de la justicia comunal? . Estas razones seguramente no distan mucho de las del resto de los ciudadanos. [ Links ], Gitlitz, J. S. (2013). 10). & Franco, R. Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Esrar Ekimi, Kullanımı ve Kaçakçılığı . 19, n.o 2). También conocido como el enfoque de equidad. Solo una parte de las normas, como por ejemplo los objetivos y principios de la justicia indígena o campesina, así como algunas prohibiciones y sanciones tienen fuentes ancestrales. Sin embargo, el Congreso sigue, desde 1993 cuando se promulgó la Carta Magna, sin cumplir con esta tarea. Cinco grandes problemas. El artículo describe los problemas que resultan de este vacío legal y fundamenta la necesidad de la Ley de Coordinación Intercultural de Justicia. 5, p. 54). Universidad Tecnológica del Perú . Las leyes de coordinación entre los dos sistemas de justicia no deberían privar a los campesinos e indígenas de este derecho fundamental (Brandt, 2013, p. 358). El argumento central para la exclusión de estas materias de la jurisdicción comunal es que estos delitos «implican una preocupación nacional que escapa a las esferas, ámbito y control de la justicia especial, por las graves consecuencias que estas actividades generan para la tranquilidad y desarrollo del país» (Dictamen 01-20132014/CPAAAAE-CR, p. 42). [ Links ], Poder Judicial del Perú, Corte Superior de Justicia de Cajamarca, El Búho de Atenea. Esta cifra va de la mano con el número de jóvenes que abandonan el sistema educativo antes de terminar los estudios secundarios. Múnich: C.H. Encontramos que «casi todos los dirigentes saben que de acuerdo al derecho estatal estas sanciones son prohibidas o por lo menos legalmente cuestionables» (p. 320). A diferencia del proyecto del Poder Judicial, en el nuevo proyecto de ley no se excluye de la competencia comunal los delitos de criminalidad organizada. Los dirigentes comunales entrevistados reconocen que la justicia comunal es más idónea para resolver los conflictos de la población rural. 2021. Elizabeth Salazar Vega. El mecanismo para lograr este objetivo es la búsqueda de un nuevo equilibrio entre las partes en la fase de "diálogo" del procedimiento» (Brandt, 2013, p. 293). Ojo Público. [ Links ], Llasag, R. (2006). el carácter normativo de la Constitución impone la necesidad de sopesar la importancia relativa de los valores protegidos por la norma constitucional diversidad, pluralismo y aquellos tutelados por las normas legales imperativas. Se trata del tipo de acuerdo más registrado en las actas (alrededor de 32%). Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 5 y 40 de la Ley 89 de 1890, C-139/96 (Corte Constitucional [Colombia], 9 de abril de 1996). EN EL PERÚ DIRECTOR: WALTER GUTIÉRREZ C. Cinco grandes problemas DOCUMENTO PRELIMINAR 2014-2015. nueva caratula informe-aprobada.indd 3. Imagen. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Pontificia Además, todavía ambas jurisdicciones no actúan en forma complementaria. Ley 89, 1996). 355-356). Download Informe "la Justicia En El Perú: Cinco Grandes Problemas" Type: PDF; Date: July 2021; Size: 8.2MB; Author: La Ley; This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Pero hay conflictos graves y complejos que afectan no solo a la comunidad, sino a la sociedad en su conjunto como delitos contra la seguridad del Estado, de lesa humanidad, de desaparición forzada de personas, de criminalidad organizada, de peculado, de enriquecimiento ilícito, delitos financieros, etcétera. La Constitución Política del Perú precisa que se trata de una jurisdicción especial, independiente del Poder Judicial: Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La Central de las Rondas Campesinas, que es un protagonista prominente de esta opinión, articula dicha posición en las Conclusiones y Acuerdos de la I Asamblea Nacional de Delegados 2015: «45. 11-48). En cuanto a las deliberaciones y decisiones, el presidente sería solo el «primus inter pares», con un voto con el mismo valor que el de los demás integrantes. La misma polémica, pero todavía más agudizada, se puede notar en Bolivia. Desde el enfoque económico, la posición «minimalista» tiene el respaldo de parte de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). La hipótesis de la que parte la presente investigación es que, si bien el Estado . Documento preliminar 2014-2015. . Estos permanecen solo en la memoria individual o colectiva, son parte de un recuerdo pasajero y a veces contradictorio. PROVISIONALIDAD DE LOS JUECES DEMORA EN LOS PROCESOS JUDICIALES CARGA Y DESCARGA EN EL PODER JUDICIAL PRESUPUESTO EN EL PODER JUDICIAL SANCIONES A LOS JUECES CINCO GRANDES PROBLEMAS DE JUSTICIA EN EL PERU Cristina Nieto Montalvo. C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Organización Internacional del Trabajo [OIT] (27 de junio de 1989). La tasa de desempleo hace referencia a la proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de . Mediante la carta del 29 de enero de 2014 al Presidente del Congreso, el Presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró, expresó la existencia de una. El mencionado Acuerdo Jurisdiccional de la Corte Suprema, que ha reconocido las competencias jurisdiccionales de las rondas campesinas autónomas, es considerado anticonstitucional. However, the content of the required law is controversial. Citando su jurisprudencia precedente (Ananias Narvaez c. la directiva del Cabildo, 1994) la Corte reitera que el. Una discusión adecuada de esta problemática constitucional superaría ampliamente el marco de este dictamen. Normas, valores y procedimientos en la justica comunitaria: Estudio cualitativo en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú (Serie Justicia Comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador 2). [ Links ], Hömig, D.& Wolff, H. A. ¿Se trata de una problemática . El artículo describe los problemas que resultan de este vacío legal y fundamenta la necesidad de la Ley de Coordinación Intercultural de . [ Links ], Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena [ONAJUP] (2013). El derecho campesino o indígena se basa en el derecho consuetudinario es decir, en normas tradicionales no codificadas, así como en nuevas normas acordadas en las asambleas y tipificadas en estatutos, reglamentos y actas y, finalmente, en normas estatales como las disposiciones sobre las comunidades campesinas o las rondas campesinas. LA LUCHA POR LA LEY DE COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE JUSTICIA. III.1. Un ejemplo es la entrevista con el viceministro de «Descolonización» de Bolivia, Félix Cárdenas, sobre la Ley de Deslinde Jurisdiccional que coordina la justicia ordinaria e indígena: La Ley de Deslinde Jurisdiccional […] es […] totalmente racista porque si la Constitución dice que son de la misma jerarquía [la jurisdicción ordinaria y la indígena], ya algunas mentalidades occidentales en el Parlamento han dicho: «no estos pobres campesinos no van a resolver temas grandes, solamente robos, hurtos», eso es racismo jurídico y los temas mayores, claro, los fiscales, los jueces que saben cómo manejar el tema, entonces la Ley de Deslinde está a contrapelo de las exigencias de la demanda de una justicia verdadera («Cárdenas: La Ley de Deslinde», 2016). (2010). Lima: Antena. 1. Llama la atención que en el estudio de seguimiento de 2010 detectamos estas sanciones únicamente en 2,5% de los casos (N = 202): en conflictos penales, patrimoniales, familiares y en casos de violencia contra mujeres (Brandt, 2013, p. 321). 234). La característica fundamental de esta crisis es la constante pugna del Ejecutivo con las fuerzas políticas opositoras del . htm, Yrigoyen, R. (2004, junio). La ola migratoria presenciada en el Perú es el resultado de un conjunto de fuerzas tanto sociales como económicas y políticas que se desarrollan de manera paralela a la historia reciente del país. . El proyecto de ley debería pasar por el procedimiento de la Ley de Consulta Previa de 2011. 333ss. Informe final. Sin embargo, va más allá del alcance del presente texto discutir los diversos aspectos teóricos discutidos en este debate (véase Kingreen & Poscher, 2016, p. 77; von Münch & Kunig, 2000, pp. En cambio, un 15% de las controversias registradas en las comunidades no sería admitida ante la justicia ordinaria porque las normas vulneradas no tienen analogía en el derecho estatal. LA POSICIÓN «MINIMALISTA». III.2. Al mismo tiempo, conceder una amplia discrecionalidad a una "jurisdicción especial" conlleva el riesgo de debilitar al sistema judicial, cuyo problema fundamental ya es su debilidad» (2013, p. 308). Copiar enlace La propuesta normativa tendría que corresponder también a las convicciones jurídicas compartidas en la sociedad mayoritaria. Sin embargo, a pesar del mandato claro de la Constitución, el Congreso sigue sin cumplir esta tarea pendiente desde 1993 cuando se promulgó la Carta Magna. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 4. En el año 2000, cerca del 20 % de . Coordinación entre sistemas jurídicos y administración de justicia indígena en Colombia. Sin embargo, en juicios que tienen repercusión nacional, la toma de decisiones debería ser documentada de manera transparente. La sentencia de la Corte Suprema se basó en la legislación vigente en el momento. Lima: Instituto de Defensa Legal. Edgar Huacca, exdirigente de las rondas campesinas en la provincia de El Collao, señaló que «Lo más preocupante para las rondas campesinas… es si una vez que esa Ley se apruebe, estaremos sujetos, subordinados por el Poder Judicial, Ministerio Público, peor aún habrá una persecución contra los dirigentes de las rondas campesinas» («Puno: programan paralización», 2017). La justicia de las comunidades andinas y selváticas existe desde tiempos preincaicos. Historia de la corrupción en el perú. Aunque nadie pone en cuestión el citado artículo 149 de la Constitución, los representantes de esta corriente sostienen que la justicia campesina deberá ejercerse solo dentro del ámbito territorial de las comunidades campesinas o nativas, excluyendo así las rondas campesinas autónomas de la función judicial. En cuanto a la competencia personal sobre personas ajenas a la comunidad, por ejemplo comerciantes con negocios con comuneros o personas que por casualidad incurrieron en un accidente de tránsito en el territorio de la comunidad, el dictamen descarta la propuesta mencionada del Poder Judicial. Una mirada histórica Luis Pásara La recientemente publicada Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso W. Quiroz (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Instituto de Defensa Legal, 2013), ofrece una mirada nueva a hechos y personajes clave del país, a lo largo de varios siglos. Aplicando los métodos de interpretación mencionados a esta disposición legal, se llega a la derivación de que «los métodos […] para la represión de los delitos» de los pueblos indígenas se encuentran bajo la reserva del «sistema jurídico nacional» (Convenio 169 OIT, 1989, artículo 9, § 1), es decir, de leyes simples. Cuantitativamente resuelve, en primer lugar, conflictos patrimoniales (44% en total), sobre todo por daños materiales. 15. Estos serían órganos de recurso contra decisiones u omisiones de la justicia comunitaria e instancias de decisión en conflictos de competencias, si «el diálogo de buena fe» entre los representantes de los sistemas judiciales, previsto para estos casos en el artículo 11 del nuevo proyecto, no prospera. Estudios empíricos realizadas por la Organización no Gubernamental Flora Tristán indican que en el caso del pueblo Awajún las normas tradicionales de estos grupos étnicos no concuerdan «con los preceptos constitucionales que garantizan la libertad y seguridad de las mujeres indígenas; las cuales en la práctica están indefensas ante delitos sexuales y otros maltratos en el derecho indígena» (Paredes, 2005, p. 45). Por Wilfredo Ardito Vega, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)1. Tampoco se ha excluido de la competencia comunal los delitos de homicidio doloso y de violación sexual. El Comercio. Durante la Colonia, las comunidades indígenas mantenían su facultad jurisdiccional. Los delitos graves mencionados a menudo dividen a la comunidad en dos grupos: familiares de los autores y de las víctimas, los cuales se solidarizan con sus parientes. Un gran problema del nuevo dualismo de jurisdicciones y de la separación sistemática de las funciones jurisdiccionales es la protección de los derechos individuales. La Corte Constitucional de Colombia ha determinado que en casos de conflictos entre normas constitucionales de la misma jerarquía, como «entre la autonomía, la integridad o la diversidad cultural y un derecho fundamental determinado […], los derechos de la comunidad gozan de un peso mayor, prima facie, en virtud al principio de "maximización de la autonomía"». Los resultados son cambios estructurales dentro del Poder Judicial como la creación de escuelas o institutos de justicia intercultural a nivel de las Cortes Superiores que ofrecen eventos de intercambio entre magistrados y autoridades indígenas, comunales y ronderas. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial (artículo 149). Mientras no exista la ley de coordinación que delimite la competencia, la justicia comunitaria sigue siendo competente para conocer cualquier tipo de infracción y, por ende, los actores no cometen delitos si actúan en el marco de sus atribuciones. En nuestro primer estudio de actas de comunidades en los años 2002 y 2003, hallamos que en un 4% de los casos analizados (N = 802) se ejecutaron castigos físicos (Brandt & Franco, 2006, p. 146). En consecuencia, la policía, el fiscal o el juez tendrían que remitir el asunto a las instancias comunales, pero en este caso se ha demostrado que las instancias comunales no fueron capaces de proteger a la familia y solucionar el conflicto. Siguiendo en la misma línea de ideas, podemos observar cómo es que la justicia popular en el Perú en algunas de las zonas más pobres siempre se ha permitido y dado desde la época de la Colonia. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 153-4. Por otra parte, hay conflictos graves como homicidios o violaciones de niñas y mujeres que perturban no solo a la comunidad, sino también a la sociedad regional y nacional. LA JUSTICIA. Factores de Corrupción en el Proceso Civil.docx. Beck. 20-73). En este caso se plantea el problema como proteger a individuos contra decisiones totalitarias. Las desigualdades en el Perú 11 reparos en justificar dichas reacciones alegando que las demandas reformistas amenazaban destruir las jerarquías sociales y raciales que fundamentaban la civi - lización "occidental y cristiana". Las decisiones de la justicia comunal no son oficialmente reconocidas, pues no entran en vigor como los fallos de la justicia estatal. El artículo 11.1 del proyecto de Ley de Coordinación de la Comisión de Pueblos establece que estas controversias serán resueltas «mediante el diálogo de buena fe en reuniones de trato directo hasta llegar a un acuerdo» (Dictamen 01-2013-2014/CPAAAAE-CR, p. 56).
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